¿Acatar
las observaciones de la CIDH?
Mattiello
se vincula con Gobierno Federal
Persecución
vs. Alcalde Boca del Río
Marco
Antonio Aguirre Rodríguez
Místicos
y Terrenales
El secretario de gobierno Flavino
Ríos Alvarado, luego de conocer el contenido del informe preliminar
presentado la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), aseguró que “el gobierno de Veracruz comparte
plenamente las observaciones
realizadas” por la misma, como resultado de la visita in loco que hizo a la
entidad, pero nunca dice que las van a acatar y que se hará lo necesario para
subsanarlas.
Flavino Río sólo menciona una recomendación como aceptada “en sus
términos”, la relativa a “fortalecer el mecanismo de protección a defensoras y
defensores de derechos humanos y periodistas”.
¿Y qué ocurrirá con todas las demás?.
Probablemente las situaciones seguirán igual que hasta ahora.
En un boletín de prensa, el gobierno del estado quiso dejar la
imagen de que la CIDH sólo había hecho una observación al gobierno del estado,
la valoración positiva al crear la Comisión
Especial para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), y la
afirmación de que este mecanismo ha otorgado medidas a un número importante de
periodistas.
Solo que eludieron mencionar que la misma
CIDH apunta que la CEAPP afronta el reto de ganar la confianza de una parte
importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno
en el largo plazo”.
Ese es únicamente una observación hecha por la CIDH.
Y la muestra de que la CEAPP
es controlada por el gobierno del
estado es que a la audiencia con la CIDH nada más acudió la secretaria
ejecutiva del organismo, Namiko
Matzumoto; ¿porqué no fueron los consejeros?. Si es porque no quisieron ir,
no están cumpliendo con su encomienda y de nada sirven; si Namiko se apropió de
la situación hay una apropiación de representatividad
inadecuada. Esa es una de las razones por las que los periodistas no
confiamos en la CEAPP.
¿Qué van a hacer en la CEAPP para ganar la confianza de los periodistas?. Que Namiko salga a dar la cara,
definitivamente no es el camino.
Pero no fue la única observación realizada. Hubo muchas, muchas
más.
Y estas, como dijo Flavino Río, las “comparte plenamente” el
gobierno del estado; el asunto es ¿se atenderán para resolverlas?.
Porque atenderlas implicaría una modificación sustancial de todo
el aparato de seguridad pública y de procuración de justicia.
¿Está dispuesto el gobierno de Javier Duarte a hacer siquiera una
parte de esto?
Algunas de las observaciones hechas por la CIDH, además de
la CEAPP, son:
1.
Veracruz es un corredor migratorio hacia Estados
Unidos, y resiente la violencia relacionada al tráfico
de drogas y armas, y a la trata de personas.
2.
No hay respuesta a los reclamos de
las madres de los desaparecidos. En Veracruz, la CIDH recibió el testimonio de una madre cuyo
hijo desapareció a fines de 2013: “Ya acudí a todos los lugares, nadie nos
ayuda a recuperar a nuestros hijos. No hay respuesta ni del gobierno de
Veracruz ni del gobierno federal”.
3.
Amenazas de los delincuentes a los familiares de las
víctimas. También se recibieron testimonios de
muchos familiares sobre las amenazas y el hostigamiento que sufren para que
dejen de buscar verdad y justicia. “Las amenazas son reales. Estamos en riesgo,
pero también convencidos de que callar no es opción. O hablamos con el riesgo
que me maten; o si no hablamos, de todos modos, pueden matarnos”, fue el
testimonio recibido por la CIDH en Veracruz.
4.
Hostigamiento de la policía
a los familiares de las víctimas. En Veracruz, la CIDH escuchó a un familiar:
“Recientemente nos han ofrecido medidas de protección en Veracruz. Nos dicen
que los policías nos van a cuidar. El problema es que son ellos mismos los que
nos hostigan”.
5.
Peligro de muerte para los policías y autoridades que no aceptan venderse a los criminales.
6.
Veracruz, donde desde
2010 a la fecha se han registrado 15
asesinatos de periodistas y múltiples agresiones por parte de actores estatales y privados, de los cuales la mayoría
permanecen en la impunidad.
7.
Durante la visita se
constató que en Veracruz el periodismo
se ejerce en un ambiente de precariedad
laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los
propios medios hacia los periodistas.
8.
Vulnerabilidad del ejercicio periodístico. “En México desde que células del crimen organizado vieron
que era rentable meter miedo a los periodistas, se volvió el modus operandi”,
dijo uno de los periodistas que asistió a la audiencia de la Comisión en
Veracruz. “Es contradictorio y genera zozobra que supuestamente haya muchos
operativos de inteligencia e investigaciones abiertas y sin embargo no se puede
encontrar a los responsables que ordenaron los crímenes”, añadió.
9.
Ataques a medios de
comunicación durante el proceso
electoral de 2015, algunos de ellos contra la infraestructura, robo de
equipos, amenazas y ataques cibernéticos. En el 2016 habrá elecciones, “lo que
aumentará los factores de riesgo para esta profesión”.
10. Graves hechos de
violencia y detenciones arbitrarias
registradas en el desarrollo de protestas
que habrían afectado a decenas de manifestantes y periodistas.
11. Falta de una acción
decidida por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes, provocando un estado de impunidad respecto de las
agresiones de las que son víctimas los periodistas y comunicadores
12. Grandes desafíos
políticos y jurisdiccionales que debe sortear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
y los organismos de procuración de justicia locales para reducir los altos
índices de impunidad. La falta de
resultados completos en las investigaciones, la reticencia de la FEADLE a atraer
a su jurisdicción los crímenes más
graves, sumado al aumento de
agresiones, hace que la autocensura
se convierta en la alternativa para que los periodistas salvaguarden su
integridad personal y su vida, con el consiguiente deterioro del derecho a la
información de las comunidades en su conjunto.
13. El combate a la
impunidad en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado concreta y decidida,
es esencial para recuperar la confianza
de la ciudadanía en las instituciones de justicia.
ARTURO MATTIELLO SE VINCULA CON GOBIERNO
FEDERAL. Arturo
Mattiello Canales, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de
Participación Cívica A.C., logró en el gobierno
federal una vinculación para
extender el proyecto de Comunidades
Seguras hacia todo el país.
Arturo Mattiello es veracruzano y buscó
en múltiples momentos y mediante diversas vías que este programa internacional,
que impulsa el Instituto Karolinska (la instancia encargada de decidir el
Premio Nobel de Medicina cada año) para crear mecanismos que lleven,
precisamente, a la instauración de comunidades seguras se implantase en
Veracruz.
Nunca
tuvo el apoyo para conseguirlo.
En cambio, en cuanto planteó el proyecto al gobierno federal, de
inmediato comenzaron a moverse las instancias para crear esta vinculación, con
un nivel alto –además- vinculado a la Secretaría de Gobierno.
El martes 2 de octubre sostuvo un encuentro con Arturo Escobar y Vega, Subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), para concretar acciones que permitan extender
el proyecto Comunidades Seguras, a más zonas del país.
El titular de la Subsecretaría, externó su interés de lograr la certificación para las
comunidades que requieren mayor atención en materia de seguridad y prevención
del delito, en todo el país, a fin de lograr la recuperación de espacios públicos, restablecer la seguridad y generar
mejor calidad de vida para las personas, a través de actividades
comunitarias.
Ambos, acordaron mantener la cercanía y trabajar en un análisis
detallado de diversos polígonos y ciudades, a fin de identificar
características y necesidades que den paso a la ejecución y certificación de
las Comunidades Seguras, al tiempo de cumplir con objetivos del Programa
Nacional de Prevención del Delito (Pronapred),
promovido por el Gobierno Federal.
La Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C. es
un organismo afiliado al Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, líder
mundial de este movimiento y centro colaborador de la Organización Mundial de
la Salud; también promotor del trabajo coordinado entre instancias de gobierno
y la sociedad, y colaborador del Instituto CISALVA de la Universidad del Valle,
centro certificador para Latinoamérica y el Caribe en la promoción de las
Comunidades Seguras.
DESAFORAR AL ALCALDE DE BOCA DEL RÍO. El gobierno del estado de
Veracruz emprendió una acción persecutoria en contra del presidente municipal
de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez con base en
una denuncia colectiva de los diputados del PRI y del PVEM en el
estado, los cuales ninguna prueba solida presentaron, solo lo que consideran es
la suma de sus salarios contrastados contra lo que presumen es el valor de su
casa.
La Fiscalía General del
Estado en este caso fue rápida para actuar, como nunca lo es, y el viernes
2 de octubre por la noche entregaron un citatorio al edil.
La intención, como dice el mismo edil, es hacer un montaje para desaforarlo.
Y obviamente esto busca una repercusión hacia las elecciones del
2016, cuando el padre del alcalde puede ser candidato a la gubernatura del
estado.
Yunes Márquez apunta:
A diferencia del gobierno de Duarte no debemos ni un peso,
seguimos haciendo obra pública y obra social, mantenemos contacto diario con
los ciudadanos, los escuchamos y atendemos.
Pero también, después de mencionar que los otros aspirantes a la gubernatura del estado
ya establecieron su compromiso de “proceder legalmente contra quienes
–encabezados por él- saquearon a nuestro Estado y quieren irse con las bolsas
llenas y vacíos de responsabilidad”, lanza un grito de batalla.
¡A los Yunes, Duarte no nos va a doblegar!”
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