Caballo Blanco y elecciones

¿Real defensa del medio ambiente? 

Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Montada en el panorama de la contienda electoral de este año, se da la decisión del Gobierno del Estado de no avalar al instalación de la mina Caballo Blanco.

Aún así la postura gubernamental es digna de tomarse en cuenta, para que la protección del medio ambiente deje de ser algo circunstancial y se vuelva una real política de estado.

El reclamo de una defensa del medio ambiente es algo que los terrenales ya tomamos como permanente y va más allá de la contienda por la Presidencia de la República que habrá este año y por esa misma conciencia el recuerdo de los daños ambientales permitidos tampoco se borra.

Pues bien, la declaración del Gobernador de no avalar al instalación de la mina Caballo Blanco, debe tomarse al pie de la letra y pedirle a Javier Duarte congruencia con la misma para otros conflictos por la falta de respeto al medio ambiente:

“En Veracruz, el progreso y la prosperidad deben generar bienestar para los ciudadanos, garantizar la protección al entorno y promover los ecosistemas”.

De entrada es bien vista su negativa para que se continúe con la construcción de la mina Caballo Blanco, porque la misma traería múltiples problemas de contaminación.

Pero su actuar tiene un lado político, también, que se nota sobre todo en la parte de su discurso donde asienta que las autoridades federales “por ley son las facultadas para emitir los permisos de operación de este tipo de empresas”.

Así pues, lo que el Gobernador hace en este año electoral, es echarle la bolita de la responsabilidad al gobierno federal, para que los votos en contra que pueda traer la autorización para que la mina funcione, le queden a la candidata del Presidente Felipe Calderón, es decir, a Josefina Vázquez Mota.

Pero, ¿la contaminación es partidista?.

Claro que no.

Los daños que genera la operación de una mina a cielo abierto, como la Caballo Blanco, son múltiples y le llegan a todos, tanto priistas, como panistas, perredistas y a los simples terrenales que se mantienen sin partido.

Vayamos por partes.

La oposición hacia la instalación de la mina Caballo Blanco es parte de una toma de conciencia de los terrenales para defender el medio ambiente que es de todos y el reclamo de políticas de desarrollo social que rehabiliten lo mejor posible nuestro entorno ecológico.

En esta corriente están también los actos para la preservación de las dunas de San Isidro, que un grupo de particulares pretende usar para sus fines, desestabilizando todo ese sistema; la preservación de la avenida Díaz Mirón, de la ciudad de Veracruz; la preservación del arrecife frente al puerto de Veracruz; detener la construcción de fraccionamientos y el vertedero de aguas negras en el área de manglares de la zona costera.

Pero el gobierno federal no interviene en todos estos casos.

Por ejemplo, la destrucción de la avenida Díaz Mirón es plena responsabilidad de la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño, pero tiene el aval del Gobernador Javier Daurte para hacerlo.

Hay pues un contrasentido en la posición de respeto al medio ambiente por parte del Gobernador, aunque si realmente busca asentar una política de defensa al entorno ecológico, puede retirarle el visto bueno a esta acción y empujar para que se recupere eso que todavía es parte de la historia de Veracruz.

En la destrucción de los manglares, tampoco interviene el gobierno federal, pero sí los gobiernos municipales de Boca del Río, Medellín, Veracruz y hasta de La Antigua que permiten asentamientos humanos y descargas de aguas negras sobre los mismos.

De ser pues las palabras de Javier Duarte muestra de una política de estado con sentido, éste es otro caso en el que se debe recomponer el camino.

E igual se puede hacer con la destrucción del Sistema Arrecifal Veracruzano que pretende, precisamente, el gobierno federal.

El gobierno del estado, al igual que los gobiernos municipales, tienen la posibilidad de emitir opiniones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno federal, sobre situaciones que pongan en riesgo el entorno ecológico.

En este sentido es el anuncio que realizó el Gobernador de instruir al secretario de Medio Ambiente de su gobierno, Víctor Alvarado Martínez, para que presente la opinión en contra de la mina Caballo Blanco, “de manera formal, ante las instancias correspondientes… en el sentido de no avalar la construcción y operación de la mina "Caballo Blanco".

En cuanto a la intención de ampliar el puerto de Veracruz y arrasar con el sistema arrecifal que se encuentra frente a la parte norte de la ciudad, donde se planea realizar esto, el gobierno del estado debió emitir una opinión similar.

En el caso de las dunas de San Isidro, en el municipio de Actopan, la intención es –supuestamente- declarar a las mismas área natural protegida, según manifestación del titular de Medio Ambiente del gobierno del estado.

Pero sus palabras tienen el inconveniente de que en ocasiones no corresponden con la acción final del Gobierno del Estado. Una muestra, y para no dispersarnos mucho, precisamente fue el anuncio que realizó dicho funcionario el 11 de octubre de aña pasado, cuando afirmó que la intención del gobierno del estado era dar “puntual seguimiento a las actividades y procedimientos relativos a la modificación de la poligonal” en lo correspondiente al Sistema Arrecifal Veracruzano.

El compromiso no era preservar los arrecifes, si no darle seguimiento, nada más, a la forma en que se modifique el área protegida. Más claro, pues:

Sólo ver como se arrasa esa zona, sin hacer nada para defenderla.

Cierto es que antes impidieron la instalación del supermercado Soriana en la parte de Tembladeras.

Entonces, sí vale la pena tomarle la palabra al Gobernador, cuando asienta que “En Veracruz, respaldamos las inversiones y los proyectos que estén orientados en la sustentabilidad”.

Y estar atentos a que la cumpla.

Los terrenales queremos sobre todo un medio ambiente sano, para vivir, no morir en la generación de riquezas para otros.