Caballo Blanco y elecciones

¿Real defensa del medio ambiente? 

Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez




Montada en el panorama de la contienda electoral de este año, se da la decisión del Gobierno del Estado de no avalar al instalación de la mina Caballo Blanco.



Aún así la postura gubernamental es digna de tomarse en cuenta, para que la protección del medio ambiente deje de ser algo circunstancial y se vuelva una real política de estado.



El reclamo de una defensa del medio ambiente es algo que los terrenales ya tomamos como permanente y va más allá de la contienda por la Presidencia de la República que habrá este año y por esa misma conciencia el recuerdo de los daños ambientales permitidos tampoco se borra.



Pues bien, la declaración del Gobernador de no avalar al instalación de la mina Caballo Blanco, debe tomarse al pie de la letra y pedirle a Javier Duarte congruencia con la misma para otros conflictos por la falta de respeto al medio ambiente:



“En Veracruz, el progreso y la prosperidad deben generar bienestar para los ciudadanos, garantizar la protección al entorno y promover los ecosistemas”.



De entrada es bien vista su negativa para que se continúe con la construcción de la mina Caballo Blanco, porque la misma traería múltiples problemas de contaminación.



Pero su actuar tiene un lado político, también, que se nota sobre todo en la parte de su discurso donde asienta que las autoridades federales “por ley son las facultadas para emitir los permisos de operación de este tipo de empresas”.



Así pues, lo que el Gobernador hace en este año electoral, es echarle la bolita de la responsabilidad al gobierno federal, para que los votos en contra que pueda traer la autorización para que la mina funcione, le queden a la candidata del Presidente Felipe Calderón, es decir, a Josefina Vázquez Mota.



Pero, ¿la contaminación es partidista?.



Claro que no.



Los daños que genera la operación de una mina a cielo abierto, como la Caballo Blanco, son múltiples y le llegan a todos, tanto priistas, como panistas, perredistas y a los simples terrenales que se mantienen sin partido.



Vayamos por partes.
 
La oposición hacia la instalación de la mina Caballo Blanco es parte de una toma de conciencia de los terrenales para defender el medio ambiente que es de todos y el reclamo de políticas de desarrollo social que rehabiliten lo mejor posible nuestro entorno ecológico.
 
En esta corriente están también los actos para la preservación de las dunas de San Isidro, que un grupo de particulares pretende usar para sus fines, desestabilizando todo ese sistema; la preservación de la avenida Díaz Mirón, de la ciudad de Veracruz; la preservación del arrecife frente al puerto de Veracruz; detener la construcción de fraccionamientos y el vertedero de aguas negras en el área de manglares de la zona costera.
 
Pero el gobierno federal no interviene en todos estos casos.
 
Por ejemplo, la destrucción de la avenida Díaz Mirón es plena responsabilidad de la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño, pero tiene el aval del Gobernador Javier Daurte para hacerlo.
 
Hay pues un contrasentido en la posición de respeto al medio ambiente por parte del Gobernador, aunque si realmente busca asentar una política de defensa al entorno ecológico, puede retirarle el visto bueno a esta acción y empujar para que se recupere eso que todavía es parte de la historia de Veracruz.
 
En la destrucción de los manglares, tampoco interviene el gobierno federal, pero sí los gobiernos municipales de Boca del Río, Medellín, Veracruz y hasta de La Antigua que permiten asentamientos humanos y descargas de aguas negras sobre los mismos.
 
De ser pues las palabras de Javier Duarte muestra de una política de estado con sentido, éste es otro caso en el que se debe recomponer el camino.
 
E igual se puede hacer con la destrucción del Sistema Arrecifal Veracruzano que pretende, precisamente, el gobierno federal.
 
El gobierno del estado, al igual que los gobiernos municipales, tienen la posibilidad de emitir opiniones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno federal, sobre situaciones que pongan en riesgo el entorno ecológico.
 
En este sentido es el anuncio que realizó el Gobernador de instruir al secretario de Medio Ambiente de su gobierno, Víctor Alvarado Martínez, para que presente la opinión en contra de la mina Caballo Blanco, “de manera formal, ante las instancias correspondientes… en el sentido de no avalar la construcción y operación de la mina "Caballo Blanco".
 
En cuanto a la intención de ampliar el puerto de Veracruz y arrasar con el sistema arrecifal que se encuentra frente a la parte norte de la ciudad, donde se planea realizar esto, el gobierno del estado debió emitir una opinión similar.
 
En el caso de las dunas de San Isidro, en el municipio de Actopan, la intención es –supuestamente- declarar a las mismas área natural protegida, según manifestación del titular de Medio Ambiente del gobierno del estado.
 

Pero sus palabras tienen el inconveniente de que en ocasiones no corresponden con la acción final del Gobierno del Estado. Una muestra, y para no dispersarnos mucho, precisamente fue el anuncio que realizó dicho funcionario el 11 de octubre de aña pasado, cuando afirmó que la intención del gobierno del estado era dar “puntual seguimiento a las actividades y procedimientos relativos a la modificación de la poligonal” en lo correspondiente al Sistema Arrecifal Veracruzano.



El compromiso no era preservar los arrecifes, si no darle seguimiento, nada más, a la forma en que se modifique el área protegida. Más claro, pues:



Sólo ver como se arrasa esa zona, sin hacer nada para defenderla.



Cierto es que antes impidieron la instalación del supermercado Soriana en la parte de Tembladeras.



Entonces, sí vale la pena tomarle la palabra al Gobernador, cuando asienta que “En Veracruz, respaldamos las inversiones y los proyectos que estén orientados en la sustentabilidad”.
 

Y estar atentos a que la cumpla.



Los terrenales queremos sobre todo un medio ambiente sano, para vivir, no morir en la generación de riquezas para otros.




















Diputados ocultan información

IVAI cómplice en opacidad



Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez



¿Quiere usted saber quiénes son realmente sus diputados?.



¿Quiere conocer de manera rápida y precisa la actividad legislativa realizada por los diputados locales?.



¿Espera usted que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) en verdad sea el conducto para saber lo que usted quiere?.



Pues ante cualquiera de estas preguntas, y muchas otras por el estilo, debe tener una baja expectativa de que le den respuestas precisas, porque el IVAI poco hace por atender las solicitudes de información para que se concreten, pero en cambio si actúa para proteger los intereses de las entidades gubernamentales.



Así pues, los terrenales aunque nos digan que tenemos derecho a conocer los movimientos de los místicos, nada más nos quedamos con el decir.



Aunque eso sí, los integrantes del IVAI se pasean por el estado favoreciendo a gobiernos municipales que son parte del grupo político en el que se mueven, porque los mismos muestran una tendencia bien marcada.



De hecho, la composición de los consejeros del IVAI es una buena muestra de la forma en que interrelacionan las administraciones de Fidel Herrera y la de Javier Duarte.



De los actuales consejeros, dos son cercanos al gobernador Javier Duarte de Ochoa, y la tercera es promoción del exgobernador Fidel Herrera Beltrán.



Pero vamos con la Cámara de Diputados, primero.



El 18 de octubre de 2011 realicé una solicitud de acceso a la información pidiendo a la Cámara de Diputados local información diversa, entre ésta el grado de escolaridad de los diputados y la forma en que la demuestran, y la referencia de las propuestas legislativas presentadas por cada uno.



La respuesta fue en el sentido de que la información no se me podía proporcionar por inexistente, en cuanto a formación académica, porque lo que se tenía es lo que los mismos diputados habían proporcionado, y sobre la participación legislativa de los mismos se me remitió a la página de la mencionada institución.



Ante esto presente el recurso de revisión con la expectativa de que el IVAI obligase a la Legislatura a ordenar y presentar la información por ser la misma de interés público.



Sin embargo la respuesta final se dio el 27 de enero apoyando los consejeros del IVAI la negativa a proporcionar la información y en cambio se hizo la remisión a la página de la misma Cámara de Diputados local.



Sin embargo, en el resolutivo del IVAI se anota en la página 8, en el inciso a) que se revisó el catálogo de la dirección electrónica www.legisver.gob.mx y al consultar el rubro “Transparencia” se desprendió que “obra publicada diversa información relacionada con lo requerido. Sin embargo, no corresponde con los requerimientos del incoante”.



El incoante es (para quienes son legos, como yo –lego, el no versado en las artes del derecho; dicho de otra forma, el que no es especialista en leyes-) quien inicia un proceso jurídico, en este caso, un servidor.



Pero eso fue insuficiente.



Para la información sobre escolaridad de los diputados, por ejemplo, se remitió a las fichas que se incluyen sobre cada uno de los 50 legisladores, en donde la información que se da es incompleta.



Por ejemplo, las diputadas Karime Aguilera, Anabel Ponce y Ainara Rementeria, y el diputado Guilebaldo García, esconden su año de nacimiento; las diputadas a lo mejor bajo el dicho común de que a las damas no se les pregunta su edad, pero en este caso lo suyo es un ejercicio de función pública. El diputado, quién sabe porqué.

Cierto es que no están obligados a proporcionar información de este tipo, porque no son requisitos que deban cumplir para ser diputados, como se asienta.



Para ser diputado los requerimientos son mínimos: ser mexicano por nacimiento, saber leer y escribir y residir en el distrito o circunscripción tres años antes del día de la elección; creo que ni siquiera se marca ser mayor de edad y mucho menos el estar inscrito en el padrón electoral.



Así es que sí, en derecho no están obligados a proporcionar su fecha de natalicio ni su grado de escolaridad.



Pero como funcionarios públicos están obligados moral y éticamente a mantener una transparencia total en sus acciones.



Y la Cámara de Diputados como entidad pública que atiende a todos debería mostrar su actuar de una forma más ordenada, no escondiendo lo que sus integrantes hacen o dejan de hacer.



Pero en fin.



La información es la misma que los diputados proporcionaron de manera individual mediante el llenado de una ficha que les dio la oficina de Acceso a la Información, precisamente para cumplir con el requerimiento hecho.



Por eso es que hubo diputados como Marco Antonio Estrada Montiel, electo por el PRI, en el distrito de Las Choapas, que no manejaron información alguna sobre su grado de escolaridad, aunque eso sí, su curriculum incluye el orgulloso renglón donde se asienta que es “Secretario General de la Unión de Camioneros de Las Choapas”.



El resto de los diputados puso lo que quiso también, por lo cual en muchos casos ni siquiera mencionan la institución en la que cursaron estudios, mucho menos el año en el que los concluyeron, como Rogelio Franco Castán, el diputado por el PRD, quien solo asienta que es “licenciado en Derecho”.



Un caso llamativo es el del diputado local con licencia, Ricardo Calleja y Arroyo, quien se anotó como “estudiante” de cuarto semestre de la facultad de Medicina (si su residencia era en Las Choapas, trabajaba en Xalapa y es nativo de Misantla, ¿en qué facultad de medicina estaría inscrito?, ¿en qué universidad); aunque ahora se irá como candidato a diputado federal por la coalición PRI-PVEM, por el distrito de Martínez de la Torre.



Pero además se observa que en la Cámara de Diputados no tienen cuidado de actualizar la información, y una muestra son las fichas que ahora se exhiben de los nuevos diputados, los cuales carecen de información sobre su grado de escolaridad o de plano de cualquier tipo.



Los diputados Mauricio Carlín Carrillo, quien entró en lugar de Elena Zamorano Aguirre, que va por la postulación para ser diputada federal por Cosamaloapan, el diputado Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, quien llegó en lugar de Ricardo Calleja, y Antonio Cobos Herrera, que ingresó a ocupar el lugar del diputado Víctor Manuel García Trujeque (quien dejo el puesto luego de que le secuestraron a una hija) ninguna información tienen en sus fichas.



Así pues, cuando en la Cámara de Diputados local existe opacidad y en el IVAI se carece de intención para transparentar la información, ¿qué podemos esperar los terrenales de otras instancias?.



No se puede hablar de transparencia y acceso a la información cuando lo que se busca es dar lo mínimo, sólo para taparle el ojo al macho.



O sea que la intención es seguirnos dando atole con el dedo.

















¿Y quién es el nuevo Tesorero?
Ligado a constructoras y a FHB


                             Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez


Pues resulta que el nuevo Tesorero del gobierno del estado, Antonio Tarek Abdalá Saad, se convirtió en un místico de la política de renombre a partir de la designación, pero desde antes ya era un hombre multifacético, además con una capacidad innata para transitar de la iniciativa privada a la función pública.


 
Primero que nada Tarek Abdalá está (o estuvo, porque supuestamente ya no tiene intereses en las mismas) ligado a las empresas constructoras Veintiocho Construcciones, S.A. de C.V., Siete Caminos S.A. de C.V. y Sheba Constructora e Inmobiliaria S.A de C.V., por lo menos.


 
Y quien puede dar buen testimonio de estos nexos son los anteriores Secretario de Comunicaciones del gobierno del estado, Marcos César Theurel Cotero y la directora del Comité de Construcción de Espacios Educativos, Karime Aguilera Guzmán, por lo menos, porque a ellos les tocó firmar contratos para alguna o varias de estas empresas.


 
Y las tres fueron muy bien tratadas en el sexenio anterior.


Vamos por partes.


El CONTRATO No. SC-OP-PF-019/2009-ST, de la Secretaría de Comunicaciones, correspondiente a la adjudicación directa por invitación, para la rehabilitación del camino Banderilla-Naolinco en el año 2009 fue para Veintiocho Construcciones.


Pues bien, en el mencionado convenio de fecha 21 de abril de 2009 (o sea, hace menos de tres años), aparece el nombre del “C. Antonio Tarek Abdalá Saad”, como representante legal de la empresa Veintiocho Construcciones, S.A. de C.V., a quien se le asignó el contrato, por presentar la propuesta más baja.


En esa ocasión el contrato lo firmó por la Secretaría de Comunicaciones el entonces titular, el “Ing. Marcos César Theurel Cotero”, al igual que el Secretario técnico de la institución, el “Ing. Bernardo P. Rojas Aldana”, con el visto bueno del Director Jurídico, el “Lic. José de Jesús I. Velandia Gómez”.


 
El que a estos tres funcionarios les hayan puesto títulos universitarios puede ser una muestra de discriminación hacia el C. Antonio Tarek, a quien no le pusieron alguno, porque en ese entonces ya debía estar titulado de los estudios en “Prensa estratégica” que realizó en la Universidad de Arizona. Será interesante ver como aparece su curriculum cuando lo pongan en la página de la Sefiplan.

Pues bien, en ese concurso (para no dispersarnos mucho), las otras dos empresas que presentaron posturas fueron: Siete Caminos S.A. de C.V y “Arquitectos Frías Díaz, S.A. de C.V.”


La empresa Siete Caminos S.A. de C.V, tiene la misma dirección que Veintiocho Construcciones, S.A. de C.V., lo que podría considerarse como una coincidencia, Araucarias Nº 268, Colonia Popular Las Animas C.P. 91190; pero también comparten el número de teléfono, el (228)8139002, con lo cual ya son muchas coincidencias, sobre todo porque en ese lugar no existe letrero que indique la presencia de empresa constructora alguna.


La similitud se puede constatar en, por lo menos, las siguientes direcciones de internet:











Hasta aquí la descripción del vínculo entre ambas empresas.


Lo extraño es que con esta coincidencia los funcionarios de la Secom (incluyendo, por supuesto, al ahora flamante presidente municipal de Coatzacoalcos) hayan invitado a las dos empresas al mismo concurso.

Si no se dieron cuenta, pecaron de inocencia; si lo sabían, entonces la acción debe recibir otra denominación.

Pues bien, la relación con la tercer empresa, Sheba Constructora e Inmobiliaria S.A de C.V, aparece por la información que Nacional Financiera proporciona de la misma, en la dirección






Y si Nafin puso esa información solo para vincular al ahora Tesorero del gobierno del estado con la constructora, implica muchas ganas de hacer coincidir las cosas.



Sheba, es una palabra árabe, que significa Saba, que hace referencia a un reino citado tanto en la Biblia como en el Corán,  como un lugar de grandes riquezas, del cual es originaria –precisamente- la reina de Saba, a quien se menciona en la biblia por haber llevado una gran fortuna al Rey Salomón, cuando fue a visitarlo.



Entonces, pues, la expectativa sobre la empresa está implícita en el nombre que le pusieron.



Pero además existe otra coincidencias, pues aún cuando Sheba Constructora refiere múltiples domicilios, uno de estos es en:



Araucarias No. 268, en la colonia Indeco Animas, según el enlace http://www.enlazadot.com/883675/sheba_constructora_e_inmobiliaria_sa_de_cv.html



Aunque hay otras ligas, como la correspondientes al sitio denominado perfeto.com que es http://latinoamerica.perfeto.com/sheba-constructora-e-inmobiliaria-sa-de-cv/07200823941448565255/contacto/



Entonces se puede presumir que Antonio Tarek tuvo (si es que ya no mantiene) relación con por lo menos tres empresas constructoras.

¿Cuántas obras recibieron estas empresas durante el sexenio anterior?, ¿cuántas han recibido en la actual administración gubernamental?.

Por lo menos durante el administración gubernamental pasada les fue muy bien, tanto que Sheba incluso tuvo contratos con el gobierno federal, como el que recibió de Pemex, por 50 millones 344 mil 570 pesos, para construir 12 macroperas.



O la edificación de la unidad habitacional “Lomas de Tres Valles”, desarrollado en esa ciudad a partir del 2003, levantada en conjunto con la Sociedad Hipotecaria Federal, del gobierno federal y parte de la banca de desarrollo; en 2003 el presidente de la república era Vicente Fox, el gobernador Miguel Alemán, y ya era candidato al gobierno del estado Fidel Herrera.



La historia política de Tarek incluye muchos otros datos, los cuales son reveladores de cómo construyó su carrera para llegar a donde hoy está, como Tesorero del gobierno del estado.



Antonio Tarek, pues, es un místico que tiene pasado.



¿Tendrá futuro?.









AGUA QUE FLUYE





¿TRANSITO SEGOB?.- Frente a la Secretaría de Educación de Veracruz hay dos hombres que visten un pantalón azul deslavado (cada uno el suyo, por supuesto) y una camisa blanca que muestra bordadas las letras “Segob”, que con una gorra azul desteñida y un silbato se dedican a hacer labores de agentes de tránsito.



El asunto es ¿son agentes de tránsito?, ¿la Segob los comisionó para esa tarea?, ¿porqué portan ropa con logotipos oficiales a las puertas de una institución pública?.



Ellos mueven a los automovilistas de sitios marcados como cajones de estacionamiento con el pretexto de que ahí está prohibido eso, el estacionarse, pero sin que exista señalamiento alguno al respecto, pero a cambio “invitan” a colocarse en los lugares que los viene-viene tienen “apartados” y controlados.



Entonces, aquí hay algo raro, autorizado o por lo menos tolerado por alguien la SEV y/o en la Segob.







CANDIDATOS PRIISTAS.- Erick Lagos lanzó toda la aplanadora priista contra quienes querían registrar candidatura por alguno de los distritos en que se divide el estado de Veracruz para las elecciones federales, pero al final aceptó la posibilidad de que en algunos se pueda inscribir más de un aspirante.



Pero también dijo al PRI en Veracruz le tocan 18 distritos, cuando en el convenio de coalición original le tocaban solo 14:



Martínez de la Torre y Huatusco, que eran para el partido Nueva Alianza y Huatucos, pero que pasaron al tricolor al deshacerse el convenio de coalición.



En ese documento se mencionaba que los distritos de Panuco, Coatzacoalcos, Zongolica, Acayucan y Cosoleacaque serían para el PVEM.



Ahora Erick Lagos refirió que los distritos que le corresponden al PVEM son 3: Misantla, Coatzacoalcos y Huatusco.



Solo que Misantla no es cabecera distrital electoral; tal vez a Erick Lagos le dio el síndrome de EPN en feria de libro y confundió el distrito con el de Martínez de la Torre.



O sea que Panuco, Zongolica, Acayucan y Cosoleacaque los decidirá el PRI con su candidato impuesto, aunque disfrazado de unidad.



Y el PVEM impulsará candidatos priistas que “redituarán” bien para el Partido Verde; en votos, claro.



Uno de ellos será Joaquín Caballero Rosiñol, del grupo de Marcelo Montiel, quien ya dejó su cargo en la Secretaría de Desarrollo Social.



Por Misantla (perdón, se me cuatrapeo, por Martínez de la Torre) puede ir el dirigente magisterial Ricardo Callejas, para que con esto el PRI mantenga la cuota al Panal, aunque ahora ya no vayan en coalición.



Y por Huatusco la mención es que si irá el exdirigente estatal de Nueva Alianza, pero todavía diputado local, Ulisés Ochoa Valdivia, con lo cual se ratificaría que la coalición se mantiene como algo de facto.